martes, 22 de mayo de 2012

Perspectivas del agua a 10 años


 Prespectiva a 10 años en tlalnepantla de Baz 

Año
Hombres
Mujeres
2005
331143
352665
2010
321747
342479
2015
30593.333
326687.6667
2020
291732.83
312298.1667

Año
Litros de agua por año
2005
94344989760
2010
91643123250
2015
8728340922º
2020
83338157070


http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun=104


Problemática oferta-demanda del agua con visión 10 años

Debemos reconocer el alto grado de desigualdad en la disponibilidad de un recurso tan preciado como el agua. Otra cuestión que dificulta el abastecimiento del agua es el crecimiento demográfico, en tanto el aumento del número de habitantes provoca una mayor demanda.
Cuando se habla de abastecimiento adecuado de agua se hace referencia a la cantidad de líquido disponible y a su calidad. Por eso, es importante la implementación de programas de provisión de agua potable, que implican su obtención, su purificación y ponerla al alcance de los usuarios
En Tlalnepantla de Baz  el crecimiento económico no ha tomado en cuenta plenamente las señales de escasez del agua. La concentración de la población y la actividad económica han creado  zonas de alta escasez, no sólo en las regiones de baja precipitación pluvial sino también en zonas donde eso no se percibía como un problema al comenzar el crecimiento urbano.  Tan sólo para ilustrar la situación extrema en la que se encuentra el agua subterránea, podemos mencionar que, según cálculos de la Comisión Nacional del Agua (CNA),  acuíferos de un total de 600 están sobre explotados.
El crecimiento poblacional y el crecimiento de centro de producción como lo son los corredores industriales   han ejercido mayor presión sobre las reservas de agua en Tlalnepantla,  al punto que el volumen demandado es mayor que el suministrado en algunas regiones del país, lo que obliga al gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso, lo que ocasiona problemas. La competencia por este recurso es ya causa de conflictos de diferente intensidad y escala, y se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito transfronterizo.
En este contexto, hay por lo menos tres razones por las que el conocimiento y análisis de los conflictos relacionados con agua pueden ser un factor de decisión crítico para la política ambiental en México:
La visión a 10 años en la cuestión del agua en Tlalnepantla es muy compleja que ya que las predicciones apuntan a que en 2020 la demanda anual de agua potable será de 83338157070 litros tomando en cuenta una decreció de su población, pero la predicción de escenarios es tan volátil y esta sujeta a ciertos acontecimientos políticos y económicos que seria difícil determinar. El problema es que el municipio no esta preparado ni siquiera para mantener la demanda actual ya que no cuenta con sufriente infraestructura y mantenerla es un poco complicado, aunque hay proyectos importantes no son realmente suficientes, sin tomar en cuenta que hay zonas del municipio que son netamente industriales y en muchas ocasiones no cumplen con las normas establecidas para la recuperación de aguas, y sus costos son muy por debajo de lo establecido. 


ftp://ftp.consejosdecuenca.org.mx/pub/downloads/CNA/Dir_Gral/Reflexiones_y_perspectivas.pdf


ES DIFÍCIL predecir qué reserva el futuro a la ciudad de México. Podemos, sin embargo, calcular qué pasaría si el sentido de cambio (es decir, las tasas) de las variables bajo estudio se mantiene más o menos constante. Este tipo de proyecciones son comunes en demografía y deben interpretarse como una evaluación burda de lo que podría pasar si las tendencias actuales se mantienen. Para realizar estos cálculos deben estimarse primero los valores de las tasas de cambio de las variables que nos interesan (capítulo IV y Apéndice), para posteriormente proyectar hacia el futuro el comportamiento del sistema. Por supuesto, estas proyecciones serán sólo válidas si las tasas de cambio permanecen más o menos constantes en el futuro. Aunque no existe la certeza de que esto será así en todos los casos, los valores proyectados son, por lo menos, muy buenos indicadores de las consecuencias que se pueden enfrentar si se mantiene determinada política ambiental.
Al ritmo de cambio actual, para el año 2000 (véanse el cuadro 19 y la figura 18), la ciudad de México ocupara 2 700 km². La mayor parte (92%) de esa inmensa área urbana será ocupada por edificios y calles, mientras que sólo 6% de la misma será ocupada por parques y áreas verdes. Cerca de 30 000 000 de personas vivirán en la cuenca de México, con una media de algo menos de 5 m2; de áreas verdes per capita, incluyendo los jardines particulares a los que, por supuesto, no tiene acceso el grueso de la población. En las partes más pobres de la ciudad la situación será considerablemente más grave: los vecinos de condominios verticales y de colonias populares gozarán de menos de 1 m2 de espacios verdes para uso recreacional, como ya es el caso en varias partes de la ciudad (Guevara y Moreno, 1987).
CUADRO 19. Población, área urbana total y áreas verdes por habitante para la ciudad de México en 1950 y 1980, y valores proyectados para el año 2000
1950
1980
2000
Población ( millones )
3.0
13.8
32.7
Área urbana total ( km2 )
215
980
2 700
Áreas verdes urbanas totales ( m2/hab. )
29.0
9.9
5.6
Parques, plazas y áreas recreativas ( m2 /habs.)
9.0
5.9
5.0

La ciudad de México habrá cambiado de la mezcla heterogénea de ambientes urbanos y rurales, que era su característica más típica durante la primera mitad de este siglo, a un ambiente urbano sobrepoblado, sin áreas verdes ni espacios públicos abiertos (Figura 18). A fin del milenio aproximadamente 50 m³ de agua deberán ser bombeados cada segundo de fuera de la cuenca si no se construyen pronto nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales. La fuente de este inmenso caudal de agua no está definida actualmente, pero lo que sí es claro es que la extensión de la mancha urbana a 2 700 km² necesariamente implicará la deforestación de muchas áreas boscosas periféricas que actualmente funcionan como reguladores del ya fuertemente perturbado ciclo hidrológico de la cuenca.
No podemos mostrarnos optimistas acerca de estas perspectivas. Todo parece indicar que el crecimiento urbano de la ciudad está rápidamente agotando sus límites. Debemos asumir el futuro como un problema científico y también como un problema político asociado al modelo de desarrollo del país. Es claro que deben tomarse acciones decididas antes de que el problema nos supere por sus dimensiones. Pero ya desde el auge de Teotihuacan la historia de la cuenca de México es una historia de crecimiento, colapso y renacimiento cultural. Quizás más agudos que nunca, muchos de los problemas actuales de la ciudad de México son casi una tradición de la metrópoli. La cuenca de México, durante dos milenios, ha sido de las regiones más densamente pobladas del planeta, y sus pobladores han usado su posición administrativa y política preeminente para obtener ventajas de otras regiones del país. Pero también es indudable que la industrialización moderna ha exagerado esta tendencia histórica a niveles dramáticos y que es, al mismo tiempo, responsable de la urbanización desproporcionada y de la desigual distribución de población y riquezas en la cuenca de México (Garza, 1986).




Figura 18. Evolución de la distribución del uso del suelo en la ciudad de México entre 1950 y 1980 y valores calculados para el año 2000. Las superficies urbanas fueron divididas en a) áreas agrícolas, b) parques, jardines y camellones, c) terrenos baldíos y d) superficies urbanizadas incluyendo calles y construcciones.



Desde la estabilización de la Revolución Mexicana se desarrolló un modelo de crecimiento económico que Sandbrook (1986) ha llamado "modernización conservadora", a través de la alianza de los tres sectores dominantes: el gobierno posrevolucionario, la iniciativa privada y el capital extranjero. El objetivo de esta alianza fue el desarrollo industrial, frecuentemente a expensas de la igualdad social. Los recursos públicos fueron masivamente canalizados hacia el desarrollo industrial y éste, a su vez, produjo una migración a las ciudades y un crecimiento urbano acelerado. Dentro de este modelo de desarrollo, la cuenca de México concentra al gobierno federal, la burocracia del Estado, una amplia clase media con una gran capacidad de consumo, infraestructura como electricidad, calles, escuelas, universidades y servicios de salud y, finalmente, un cúmulo de industrias deseosas de obtener beneficios a partir de este inmenso y creciente mercado. Estos sectores forman la parte "moderna" de la ciudad, con grandes edificios, centros comerciales, autopistas y suburbios residenciales. Pero la mayor parte de la ciudad está formada por colonias populares, habitadas por trabajadores y subempleados, los que hace apenas una generación eran campesinos en el México rural que llegaron a la ciudad buscando una pequeña tajada de los bienes y servicios que ofrece el modelo de industrialización. La tendencia continúa, y la mancha urbana todavía se expande sobre bosques y milpas. Sólo una política decidida de descentralización, que promueva la migración hacia ciudades menores, que favorezca la vida de los habitantes del campo y que aplique severos impuestos a los habitantes de la ciudad en proporción geométrica a su nivel de consumo de recursos y a su nivel de producción de contaminantes podría revertir este proceso (Ruiz Chiapetto, 1986). Pero una política con esas características costaría también mucho dinero a un país con una deuda externa de más de 110 000 millones de dólares y afectarían a los intereses de grandes industrias nacionales y multinacionales, y posiblemente también afectaría los intereses inmediatos de los trabajadores del valle de México. La población de la cuenca debe asumir y tomar conciencia de la gravedad de los problemas ambientales para que una verdadera política de descentralización pueda tener éxito.
El futuro de la cuenca de México se encuentra estrechamente relacionados con el futuro económico de toda América Latina, y con el modelo de desarrollo político y social, que el país adopte durante la próxima década. Pero la historia de la cuenca de México incluye crecimiento, crisis y renacimientos, desintegraciones catastróficas y reorganizaciones culturales.
Aunque quizás más agudos que nunca, muchos de los problemas no son nuevos. Durante los próximos 10 años la ciudad de México, seguirá creciendo. La velocidad a la que crezca depende de las alternativas que se generen en otros polos de desarrollo a nivel nacional. Los costos del crecimiento dependen del grado de organización y de solidaridad que demuestren los mismos citadinos para resolver los problemas ambientales. Rápida e irreversiblemente, México se está transformando de un país rural en un país eminentemente urbano. Está en nuestras manos, encontrar respuestas creativas a los viejos y a los nuevos problemas que plantea el desarrollo industrial de la antigua capital del Anáhuac.
DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN MÉXICO
En diversos lugares de la República Mexicana encontramos casos donde nunca se ha tenido problema por el abastecimiento de agua, mientras que a unos pocos kilómetros, dentro de la misma ciudad o población, se recibe mediante pipas y, en el mejor de los casos, por tandeos. En tal realidad reside la urgencia de dar atención, de la mejor manera posible, al tema del agua.
Un claro ejemplo de la carestía hídrica en una urbe tan grande y con una enorme población es la ciudad de México, ya que para poder llevar el agua potable a la mayor parte de la población de la metrópoli es necesaria una infraestructura muy cara, además de tener que acarrearla desde lugares cada vez más lejanos en el interior del país. Lo anterior representa un reto para las autoridades, pues tienen la obligación de ofrecer este servicio en forma equitativa y con disponibilidad plena, al tratarse de un derecho prestacional por parte del Estado.
Parecen insuficientes los esfuerzos del Estado para tratar de distribuir el vital líquido, y es evidente que algunas colonias y poblaciones sufren por no recibir una mínima o suficiente cantidad del hidrante, y como consecuencia de ello, resulta imposible que puedan satisfacer necesidades básicas.
De acuerdo a una publicación emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denominada: “El Agua en México”, en su edición 2007, se observa que el sur del país es donde se encuentra la mayor disponibilidad de agua, clasificándose ésta como “alta” con 13,847m3 por habitante al año, caso contrario al centro y norte, donde la disponibilidad se clasifica como “baja”, con tan sólo 4,416m3 por habitante al año; no obstante que la concentración de la población y el desarrollo económico son considerablemente mayores en los lugares donde existe menor disponibilidad del recurso.
Es claro que en México la disponibilidad natural del agua es muy desigual, y pese a tan notoria diferencia, es en el sur y sureste donde precisamente se encuentra el mayor número de habitantes sin acceso al servicio de agua potable, situación que se acentúa aún más entre la población urbana y rural.
Sin lugar a dudas, podemos advertir que este escenario no resulta ser muy alentador, donde además se observa que de los 653 acuíferos con que cuenta la República, 153 se encuentran sobreexplotados, sobre todo en las zonas centro y norte, y en algunos otros su calidad no permite su aprovechamiento para consumo humano, y como se dijo antes, la calidad es un factor determinante.
Una vez que tenemos clara la disponibilidad del agua en México, resulta necesario conocer los usos a los que se destina, pues sólo de esta manera se pueden encausar acciones acertadas para su preservación y administración. En materia de explotación de aguas nacionales tenemos que del agua total extraída, únicamente un 3.8% corresponde al uso industrial, la mayor explotación se realiza por el uso agrícola con un 76.8%, seguido por el abastecimiento público con un 13.9%. Lo anterior clarifica los rubros en los que se debe trabajar conjuntamente, pues sin importar la cantidad que absorbe cada uno de los usos, todos repercuten en la disponibilidad para los consumidores y usuarios del sector ciudadano.
De estas extracciones, 63% proviene de fuentes superficiales, y 37% son de origen subterráneo. Estas cifras promedio no reflejan la fuerte desigualdad que existe en la distribución del agua debido a monopolios agrícolas, industriales –en particular del sector turístico– y municipales. En este contexto, la concentración y diferenciación en el acceso al agua resulta evidente, tanto para la satisfacción de las necesidades básicas como para su uso productivo, y es precisamente esa distinción la que debe primar en los cuerpos normativos que regulan la materia.
México tiene una población superior a los 103 millones de habitantes y una disponibilidad promedio de agua de 4,416 m3 por habitante al año. No obstante, podemos advertir que la mayor parte del agua disponible en el país es destinada a los sistemas de irrigación agrícola y la industria, con relación al abastecimiento humano público proporcional.
A través de la historia de México, la distribución del agua ha sido causa de polémica, por ello una relación bilateral conformada por gobierno y población, que tenga como fin un aprovechamiento más eficiente de esta fuente natural de vida es necesaria en el país. No es necesario vivir la escasez para tomar conciencia, razonar y analizar que es hoy cuando debemos actuar en conjunto, cuidar y conservar el agua, pues día con día está más lejos de ser accesible para todos.
En la actualidad, las ciudades han crecido tanto que el problema de suministro es ya un problema serio, su abasto equitativo implica una infraestructura de gran amplitud y elevado costo. Una gran parte de la falta de abastecimiento constante se la debemos al acelerado crecimiento de las ciudades.
La realidad actual hace imperativo que exista una distribución justa y equitativa para que todas las personas que habitan las zonas urbanas y rurales tengan acceso a ella. Empero, a la par de El Salvador y Perú, México es una de las naciones que tienen menor disponibilidad de agua por habitante en América Latina. Desde el punto de vista geográfico, la distribución de agua en el país es inequitativa por capricho de la naturaleza, pues en los Estados del sur se localiza casi el 70% del agua total disponible en el país.
La consideración de que la poca disponibilidad del agua es sólo un asunto que incumbe a los funcionarios públicos es un error, este problema constituye un reto bilateral para el gobierno y la población; y como se ha expresado, es obligación de las autoridades crear políticas para su adecuada explotación, pues el país cuenta aún con fuentes subterráneas, pluviales y superficiales para su razonado uso.
Por otro lado, como miembros de la colectividad debemos terminar con la cultura del “no pago”, ya que si deseamos una mejor calidad y mayor cantidad de agua tenemos el deber de pagarla, para cubrir los costos que requiere la administración pública para invertir en el sector hidráulico de la Federación y las Entidades.
Para tal efecto las autoridades deben especificar el pago justo, asequible y proporcional por el hidrante, además de ser necesario que se despolitice el manejo de los recursos reunidos y sean verdaderamente invertidos en la solución de uno de los problemas más graves del siglo.
Según los datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el país el 88% de la población recibe agua potable y el 76 % cuenta con alcantarillado, pero aún existen más de 13 millones de mexicanos sin servicio en sus hogares y casi 30 millones sin drenaje, lo cual confirma una enorme desigualdad entre los habitantes del país, respecto al acceso al agua.
En México existe un problema de desproporción acuífera, pues los Estados del norte tienen que recurrir a la explotación de mantos acuíferos subterráneos cada vez más profundos para satisfacer las necesidades de su población.
Ante la interrogante de cómo fijar una estructura que permita un equitativo acceso al hidrante para la población de todas las regiones del país, es de suma importancia invertir en proyectos de ingeniería para una distribución equilibrada.
V. EL ACCESO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO
Además de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, el garantizar el acceso humano al agua potable es ya indispensable para la subsistencia del hombre como ente biológico. El derecho de acceso al agua es un pilar fundamental de los derechos fundamentales de cuarta generación, aunado al marco jurídico que establecen las normas del Derecho ambiental, pues deben ir de la mano el cuidado y preservación del agua y la garantía que implique la legislación que regule el acceso, con el fin de resguardar este importante elemento.
Precisado lo anterior, no queda duda que el acceso al agua debe estar contemplado no sólo en los dispositivos de orden internacional como un derecho humano, sino en cualquier ley fundamental de los Estados. Podemos afirmar que este derecho se encuentra contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual refiere que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a éste y a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y los servicios sociales necesarios (artículo 25).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en sesión celebrada en Ginebra, el 29 de noviembre de 2002, elaboró la Observación General número 15, titulada El Derecho al Agua, definiéndolo de la siguiente manera:
“El derecho humano al agua, es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud adoptó la siguiente definición:
“Derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento”.
En el caso específico de la legislación mexicana, el derecho humano de acceso al agua potable no se consagra de manera expresa, pero podemos encontrar diversas disposiciones dentro de la Constitución Federal que se refieren a la explotación de éste recurso natural; a la prohibición de monopolios; a la distribución de facultades para legislar y regular la materia; a su relación con la protección del ambiente; a la competencia para la prestación del servicio de alcantarillado, entre otros; lo anterior concretamente dentro de los artículos 4, 27, 28, 73, 89 y 115.
De esta forma, aunque no existe una protección expresa al derecho que nos ocupa, se reconoce la titularidad a cargo del Estado, incluyendo el suministro, administración, preservación y conservación del medio ambiente.
No obstante, la falta de abastecimiento del agua, en diversas regiones del país se ha convertido en un problema mayor, debido a su escasa disponibilidad existen conflictos por el control del recurso, a causa de la sobreexplotación o de la concentración en cierta parte de la población, así como a su insuficiente calidad (contaminación de acuíferos, aguas salinas, etc.), lo anterior, sin considerar las inversiones en infraestructura hidráulica que debe realizar el Estado en sus tres ámbitos de Gobierno, para cumplir con el cometido de garantizar a la población el acceso al agua en condiciones apropiadas.
Así, la situación de inequidad y escasez es evidente en las grandes ciudades. Los organismos internacionales recomiendan un máximo de 300 litros al día por habitante. No obstante, la poca disponibilidad del líquido hace sentir el llamado “estrés hidrológico” en zonas densamente habitadas y de gran desarrollo económico. Es necesario no olvidar que el recurso hidráulico no sólo es fuente de vida, sino el recurso natural más preciado para nuestro propio desarrollo, tanto individual como colectivo.
Afortunadamente, hoy en día el Estado retoma algunas estrategias, como la sensibilización de la población del problema del agua, buscando con ello lograr un uso responsable del recurso y un justo cobro de derechos por pago del servicio, pues el tratamiento, reutilización y reciclaje del agua son factores que influyen directamente en su disponibilidad, por lo que consideramos que el Estado debe buscar incentivos, con el fin de que los gobernados inviertan en este rubro, pero sobre todo para hacer cumplir las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentran vigentes, tanto por el sector industrial, como por el Estado en sus tres esferas de gobierno.
A la fecha existen varios municipios que no cuentan con plantas de tratamiento, e incluso sus organismos operadores no enteran los derechos causados por la explotación del recurso, mientras que, por un lado, de las partidas que les son asignadas, éstas no siempre se destinan a fines hidráulicos y por otro, las inversiones aportadas no son suficientes para satisfacer las necesidades de todos.
Lo anterior sin considerar que la falta de tratamiento por diversos entes desalienta a los que sí cumplen, o bien, que el agua tratada sólo sirva para disolver los contaminantes de otros y por consiguiente, pierden valor las inversiones y gastos de operación de quienes cumplen con la legislación.
En este terreno, el papel del Estado ha evolucionado considerablemente con algunas estrategias administrativas –no legislativas–y, debemos percatarnos, que la ampliación de su función no se refiere únicamente a los derechos concesionados para disfrutar de la presencia del agua en la vida diaria del ser humano, sino al conjunto de derechos en forma holística y naturalista, en la medida de que los poderes públicos tienen también el deber de asegurarlos contra todo ataque o conculcación por parte de los sectores sociales que disponen de un mayor poder económico, tecnológico o científico.
En materia legislativa, es labor de nuestros representantes proponer medidas necesarias para la protección del agua, y proponer cuerpos normativos que regulen su distribución equitativa, sin distinción de regiones o zonas, mediante el establecimiento de mecanismos jurídicos que reglamenten su defensa y organicen una infraestructura hídrica que asegure su abastecimiento, en un binomio lógico que garantiza el no desperdicio y el acceso a una cantidad suficiente para los ciudadanos.
El problema de acceso al agua en México y en el mundo es ya un hecho. Si no actuamos de forma eficiente en este momento en el futuro cercano el daño puede ser irreparable, pues provocaría severas crisis en todos los entornos de la población mundial, así como un enfrentamiento globalizado o contiendas multilaterales de países que comparten geográficamente cuerpos acuíferos, por el control del agua potable.
En el futuro, el acceso al agua potable en adecuadas condiciones de uso o consumo puede ser un lujo, ya que desde ahora es una diferencia entre quienes pueden costear un mejor servicio; el acceso al agua no debe ser objeto de pugna, sino punto de encuentro para la población de todos los extractos sociales, con el fin de concentrarse en su defensa, la promoción de su cuidado, la conciencia de una explotación prudente y la procuración perpetua de que sea accesible, disponible, salubre y asequible para todas las personas.
Aun así, es indispensable conceptualizar la consideración del derecho al agua, diciendo lo siguiente: se trata de una circunstancia sine qua non para la vida considerada en su conjunto, sin ella no se puede ni siquiera llegar a una aproximación al desarrollo de la vida humana.
Las aportaciones y sugerencias vertidas en este trabajo, así como el análisis de algunos datos de nuestro país, tienen como función principal servir de referencia para tener una panorámica de lo que representa el agua en México: ésta constituye la fuente más valiosa de la supervivencia humana en el planeta y es el símbolo, por antonomasia, del origen y complemento indispensable de nuestra evolución.
VI. RÉGIMEN JURÍDICO DEL AGUA EN MÉXICO
El marco jurídico que regula la materia de agua en México, se encuentra en los siguientes ordenamientos jurídicos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4, 27, 28, 73, 89 y 115.
• Ley de Aguas Nacionales (LAN) reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales.
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
• Ley Federal de Derechos.
• Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
• Ley General de Bienes Nacionales.
• Ley General de Asentamientos Humanos.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Ley General de Salud.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Reglamento Interior de la SEMARNAT.
• Leyes estatales en materia de agua promulgadas en las entidades federativas.
VII. RECOMENDACIONES



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